Noticia: Cultura plantea rebajar la protección de San Claudio y fijar nuevos límites

La Consejería de Cultura está dispuesta a establecer una nueva delimitación del entorno de protección para la fábrica de loza de San Claudio, derivada de su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC). Para poder hacerlo, exigió ayer nuevamente al Ayuntamiento la documentación necesaria, los expedientes de licencias suspendidas tras la incoación, para su valoración.
Posteriormente, y 'en función del estudio riguroso de dicha documentación', poder actuar cambiando los limites propuestos para 'que no perjudique los legítimos intereses de los vecinos de San Claudio'. Incluso, estableciendo 'otra categoría de protección de las que figuran en la ley de patrimonio cultural' en lugar del BIC.
La rectificación la hizo Cultura a través de un comunicado de prensa y, aunque la modificación no es automática, este paso supone una puerta abierta a las peticiones de los grupos políticos municipales y de los constructores con intereses en las 46 hectáreas que hasta ahora se pretendían proteger, en las que están previstas construir 1.200 pisos, 1000 de ellas del plan de vivienda municipal.
Empezó el equipo de gobierno, que alegó a la delimitación. Le siguió Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda (ASCIZ), que aclaró que la protección de Cultura no era la que en su día Izquierda Unida solicitó. Finalmente lo hizo el Grupo Municipal Socialista.
El problema que apuntó la consejería fue una falta de entendimiento porque 'el Ayuntamiento no concretó nunca el tipo, el área correspondiente o el propio entorno cuya protección reclamaba'. Sólo pidió que el Principado realizara los trámites necesarios para la declaración de BIC. Y de eso, recordó Cultura, 'se derivan unas consecuencias y obligaciones jurídicas'.
A la fábrica de loza se le considera en el expediente de incoación como 'conjunto histórico'. Abarca una locería 'vinculada al terreno, al paisaje y a la historia. La vida en San Claudio está innegablemente unida a la fábrica. Por esta razón, se propuso inicialmente un entorno de protección amplio, con carácter cautelar'. Así lo explicó Cultura, que no ha puesto cara a la polémica y eso que la responsable, Encarnación Rodríguez, ya ha vuelto de vacaciones.
También, el concejal de Urbanismo, Alberto Mortera, siguió con críticas al Principado. Le acusó de haber incurrido en un delito de prevaricación al establecer un entorno de protección 'tan amplio' a sabiendas de que frenaba el desarrollo de la zona, ya que el Gobierno regional tuvo que dar el visto bueno al plan de vivienda que queda paralizado con la incoación del BIC. Le instó a rectificar 'en días y no semanas', y pidió al PSOE local que le defienda frente al Principado para que 'articule elementos' que garanticen la actividad productiva en la fábrica, coordinada con una preservación del patrimonio industrial.