Noticia: El Supremo obliga a celebrar ahora un pleno que Gil impidió hace siete años

Quienes estaban en el gobierno ya no están o están la cárcel. Los de la oposición han corrido suerte dispar: algunos ejercen el poder en el Ayuntamiento, otros siguen en la oposición y hasta hay quien ha conocido también las celdas de Alhaurín. Mucho ha cambiado la situación en Marbella desde que el gobierno municipal presidido por Jesús Gil se negó en un pleno celebrado en noviembre de 2000 a dar información a la oposición sobre las alegaciones que el Ayuntamiento de Marbella había presentado contra un informe del Tribunal de Cuentas
La decisión fue denunciada ante los tribunales por la oposición de entonces, formada por socialistas y populares, y ahora, siete años después, el Tribunal Supremo ha emitido una sentencia que obliga al Ayuntamiento a celebrar ese pleno. Paradojas de la lentitud de la justicia, dos de los demandantes, los ediles del PP Francisca Caracuel y Félix Romero, representan ahora a la institución demandada. La justicia, que les ha dado la razón, les obliga a hacer lo que ellos mismos pedían que se hiciera.
La alcaldesa, Ángeles Muñoz, que ni tan siquiera era concejala cuando se inició el conflicto, adelanta que el pleno se convocará. 'Puede ser interesante conocer qué alegaciones se presentaron en su día por parte del Ayuntamiento», señaló.
No obstante, el paso del tiempo y el escaso apego por los procedimientos legales que caracterizaba a los gobiernos del GIL ha hecho que al día de hoy esa documentación no se encuentre en las dependencias municipales.Por ello, los servicios jurídicos municipales requerirán a quien entonces era asesor jurídico del Ayuntamiento, el abogado José María del Nido, para que remita esa información. 'Cobró varios cientos de millones de pesetas del Ayuntamiento por esa labor, por lo que espero que nos facilite la documentación', subraya la alcaldesa.
No es esta la primera resolución judicial tardía consecuencia de la negativa de los gobiernos del GIL a dar información sobre los informes del Tribunal de Cuentas. En junio de 2004, la Audiencia Provincial condenó a Julián Muñoz a dos años de inhabilitación por ese motivo. Aquella sentencia llegó cuatro años después de cometerse el delito. Para entonces, Julián Muñoz ya había dejado de ser alcalde.