Noticia: El juzgado abre una investigación de oficio sobre la seguridad en el encierro de Fermoselle

Nadie entre los servicios de seguridad y de emergencia -ni médicos, ni Guardia Civil, ni Cruz Roja, ni la propia funeraria- se ocuparon de comunicar al juzgado de guardia el fallecimiento del joven José Antonio Vaquero por heridas de asta de toro en el encierro del sábado en Fermoselle. Este es un trámite obligado cuando se produce una muerte por causas violentas o de carácter criminal, según se recoge en el Código Penal.
En principio, la posibilidad más plausible es que en medio de la trágica situación y el caos de heridos, unos y otros se olvidaran. Pero fuentes judiciales también se cuestionan si hubo otras razones, puesto que es de suponer que prácticamente todas las personas que intervinieron se hayan encontrado en situaciones similares de accidentes o muertes violentas y saben cuál es el trámite legal. Además, se da la circunstancia que un médico emitió un certificado de defunción, documento que corresponde cumplimentar al juez.
Así, la víctima fue atendida en la unidad médica habilitada en Ayuntamiento, junto a la Plaza Mayor; luego trasladado a la plaza de toros de la localidad, a la espera del helicóptero de emergencias, y luego al tanatorio de Bermillo de Sayago, donde se supone que iba a permanecer hasta el funeral, sin que nadie se lo comunicara al juzgado ni se le practicara la autopsia. De hecho, fuentes municipales declararon el sábado que se había decidido no hacer el examen forense porque las causas de la muerte estaban claras.
Cuando la familia Vaquero descubrió que José Antonio había sido corneado, ya era demasiado tarde. El hermano mayor de la víctima, serafín, de 38 años, explica: «Nos tuvieron engañados una hora en el Ayuntamiento. Decían que le habían sedado, que continuaba con vida... Todo mentira». Desde el Consistorio, donde está la enfermería, Serafín bajó los 300 metros que separan este recinto de la plaza portátil, donde había tomado tierra el helicóptero. «Allí me abrió la puerta un guardia civil y él me confirmó que mi hermano estaba muerto».
Los familiares se encontraban ayer velando el cadáver en el tanatorio cuando a media mañana se les comunicó que el cuerpo iba ser trasladado al Instituto Anatómico Forense para hacerle la necropsia, tal como había ordenado la jueza de guardia. Una actuación imprescindible que contribuyó a aumentar el dolor y la consternación de los allegados.
«No nos habíamos repuesto de la tragedia y encima esto, un mareo terrible», relataba ayer Serafín, desmoronándose finalmente después de tantas horas de tensión. «Ni se han suspendido las fiestas del pueblo, ni nadie nos ha dado el pésame. Esto es una vergüenza».
Y es que la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Zamora, que estaba este fin de semana de guardia, no se enteró hasta las 23.00 horas del sábado de la muerte de José Antonio Vaquero durante el segundo encierro. A esa hora ni siquiera podía ordenar la autopsia porque conoció el hecho por fuentes extraoficiales, de forma que no sabía si la víctima podía haber sido trasladada Salamanca y se le había practicado allí.
No fue hasta la mañana del domingo cuando pudo comprobar los hechos por fuentes oficiales. La jueza pidió que se hiciera la necropsia con la mayor celeridad posible para no causar más trastornos a la familia y que se pudiera mantener la hora del funeral. Así, los tres forenses se ocuparon de ello y se adelantó el examen al de otros previstos para ayer por la mañana.
Fuentes judiciales explican que, salvo el hecho de que el cuerpo se movió varias veces de lugar, el retraso no modifica que se puedan establecer las causas de la muerte. El fallecimiento se produjo a causa de la hemorragia que le causaron las heridas por asta de toro. «Le corneó hasta en tres ocasiones», explicaba ayer Serafín, después de hablar con el forense que le practicó la autopsia. «Una en los glúteos, a la altura del ano; otra en los pulmones, y una tercera que le seccionó la aorta. Mi hermano, me han explicado, murió desangrado en apenas cinco segundos».
Los hechos darán lugar a dos vías de investigación. Por una parte se deberá esclarecer por qué un medico extendió un certificado de defunción de forma incorrecta, dado que era necesaria la presencia del juez, y, de otro lado, se abrirá una investigación para establecer si se cumplieron todas las medidas de seguridad en el vallado y otras medidas para el encierro.
En su caso, se decidirá si se han de exigir responsabilidades civiles o penales por ello.
Tanto los familiares de la víctima mortal como las personas que resultaron heridas podrán personarse en la causa si lo consideran oportuno.